El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT felicita a Isabel Celaá por su nombramiento como ministra de Educación y Formación Profesional; a Pedro Duque, como ministro de Ciencia e Innovación, y a Manuel Castells, como ministro de Universidades, y espera que la gestión que se les encomienda dé solución a los problemas y/o necesidades que tienen la Educación y sus profesionales.
El sindicato considera ineludible que el nuevo Gobierno cumpla con los compromisos anunciados en el debate de investidura y apruebe una Ley Básica que derogue la LOMCE, restaurando el equilibrio entre el derecho a la Educación y la libertad de enseñanza, y que sitúe a la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo con la incorporación de los acuerdos con la comunidad educativa. Norma que consideramos ha de nacer con vocación de estabilidad y para hacer de la Educación una prioridad de Estado.
FeSP-UGT Enseñanza considera prioritario, entre otros aspectos, el aumento de la inversión en Educación. El anuncio de llegar al 5% del PIB en 2025, para el sindicato es insuficiente y supone retardar soluciones que precisa nuestro sistema educativo. Consideramos que ese porcentaje tendría que alcanzarse en esta legislatura e ir incrementándolo hasta alcanzar el 7% en los siguientes años.
El sindicato valora que la continuidad en la cartera de Educación debe suponer agilizar los temas que quedaron pendientes en la anterior legislatura y han abordarse con prontitud con los agentes sociales y la comunidad educativa.
Desde UGT, reclamamos a este Gobierno medidas para abordar los temas que preocupan y ocupan al profesorado en su labor diaria, entre ellos, reducir las ratios y las horas lectivas para mejorar la calidad de su trabajo; incremento y estabilidad de las plantillas; aumentar los recursos humanos y materiales para implementar medidas acordes a las características del alumnado que incidan en su formación integral; simplificar y reducir la carga burocrática en los centros escolares; facilitar herramientas y procedimientos al profesorado para mejorar la convivencia, dotándoles de estrategias que eviten problemas de indisciplina, acoso…; planificar la formación del profesorado, tanto inicial como permanente para que adquiera habilidades con las que pueda acometer los retos sociales y tecnológicos a los que se enfrenta en su labor; desarrollar una carrera profesional atractiva y flexible que reconozca económica y profesionalmente el trabajo docente; recuperar el poder adquisitivo de los docentes con incrementos salariales y con la reversión de los recortes; desarrollar un sistema transitorio de ingreso en la función pública docente que facilite la reducción de la tasa de interinidad y propicie la estabilidad; establecer y facilitar procedimientos que velen por la salud laboral de los docentes y por el reconocimiento de las enfermedades profesionales… Para abordar todos estos temas y otros pendientes de resolver, es imprescindible darle valor al diálogo social y poner en marcha las mesas de negociación colectiva, tanto de la Enseñanza Pública como en la Concertada.
Por otro lado, venimos reclamando la necesidad de dar un giro a la política de becas, de manera que las prestaciones lleguen a todo el alumnado que lo precise y que sean adecuadas a sus necesidades para evitar las desigualdades económicas, de origen y/o procedencia.
Con respecto a las carteras de Universidades y Ciencia e Innovación, exigimos una verdadera negociación en todos los ámbitos y particularmente en los apartados del Estatuto de Personal Docente e Investigador y en el desarrollo de la futura ley de universidades.
Las tres carteras, cuyos contenidos están imbricados, requieren de una gran coordinación para que no queden temas solapados o en tierra de nadie. La Educación es una inversión de futuro y por tanto los tres ministerios tienen la responsabilidad de enriquecerla y potenciarla.
Quedan muchos deberes por hacer y son muchas las asignaturas pendientes que tiene que afrontar el nuevo Gobierno. Ha de tener en cuenta que dar solución a los problemas o necesidades que tiene la Educación sin tener en cuenta a los docentes, que son la personalización del sistema educativo ante el alumnado, es una equivocación.
A pesar de ser un colectivo con Tasa de reposición 100%, y estar incluido en el Acuerdo Administración-Sindicatos de marzo de 2017, que permite 8% adicional de reposición. Las Universidades siguen en sus trece y se han convocado menos plazas funcionariales que el pasado año.
Sigue existiendo una notable brecha de género en la promoción vertical.
Los últimos meses del año baten record de nombramientos al agotarse el plazo de gasto presupuestado para el Capítulo I “Personal”, sin importar las necesidades que el departamento haya podido tener a lo largo del año. (Informe 2018)
